Sistema de pensiones dominicano: una reforma pendiente que agrava la incertidumbre de los trabajadores
REPÚBLICA DOMINICANA.— El sistema de pensiones de República Dominicana enfrenta una crisis estructural que combina el envejecimiento acelerado de la población con las limitaciones del modelo de capitalización individual, según coinciden varios análisis publicados recientemente.
La edad media de los dominicanos ha subido a 32.9 años y la esperanza de vida alcanza los 75.7 años, mientras la proporción de personas de 65 años o más pasaría de 7% a 17% en las próximas décadas, de acuerdo con lo publicado por El Caribe. Este cambio demográfico obliga a replantear economía, empleo, pensiones y sistema sanitario.
Un análisis de El Día señala que, aunque el Sistema Dominicano de Seguridad Social ha ampliado la cobertura desde 2001, "cobertura no es sinónimo de protección integral". Según datos citados de la SISALRIL, unos 10.6 millones de personas tienen aseguramiento en salud, pero los medicamentos representan alrededor del 54% del gasto de bolsillo de los hogares.
En materia previsional, la SIPEN reporta 5,628,845 afiliados y 2,325,278 cotizantes, con una densidad de cotización de 41.31%, lo que refleja la intermitencia de los aportes por la informalidad laboral.
El Nacional advierte que más del 86% de los trabajadores asalariados enfrenta incertidumbre sobre su retiro. Según estimaciones del autor, solo unos 695,292 de los 2.3 millones de cotizantes activos acumularían lo suficiente para una pensión adecuada, mientras el resto recibiría entre 22% y 30% de su salario.
La Ley 87-01 dispuso la revisión del sistema en 2011, pero 15 años después la reforma sigue pendiente. Críticos señalan la alta concentración del mercado de las AFP y comisiones que consideran elevadas. Un informe citado por Hoy indica que cuatro AFP concentran el 95.4% de los ingresos del sistema.
El Nuevo Diario destaca que la economía crece alrededor de 4.5% en 2026 y la inversión extranjera alcanza US$3,276.5 millones, pero advierte que el crecimiento debe traducirse en instituciones más fuertes y protección social efectiva.
Expertos coinciden en que la reforma debe incluir una pensión básica solidaria, incentivos a la formalización y mayor transparencia para los afiliados.
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